Y los derechos humanos de migrantes donde están?

Una completa aberración es que se de a conocer y se manifiesten orgullosas las autoridades dele estado encabezadas por el gobernador del estado al anunciar como un éxito de las políticas de seguridad la detención de mas de dos centenares de migrantes en la población de Sásabe. Sonora en días pasados.
Explicable se detenga a personas originarias de otros países por violar las leyes migratorias con fines de extraditarlos a sus países de origen pero otra cosa es que sean connacionales como parece ser el caso, puesto que todos los ciudadanos mexicanos somos libres de circular por todo el territorio mexicano sin restricciones, sin temor a ser detenidos si no es mediante una orden judicial.
Y mas lamentable aun que la CEDH hasta el momento no haya actuado o intervenido para definir la situación de estas 224 personas quienes sin motivo alguno están secuestradas por el agente del ministerio publico de la federación Armando Avilés Encinas sin ningún sustento en las leyes mexicanas de la materia.
Primero.- Porque según declaraciones de autoridades los migrantes están solo en calidad de presentados para identificar a los polleros.
Segunda.- Porque sino es así que se les gire orden de aprehencsion y entonces se les mantenga en calidad de detenidos como presuntos autores de un delito en las celdas de la PGR.
Tercero.- Si no hay nada en su contra que se les deje en libertad y san se acabo tal y como debe de ser.
Mucho que desear de esta detención arbitraria sin que nadie alce su voz para defender a estos 224 seres humanos, ni partidos, ni luchadores sociales, que aclaro en esta región no hay uno solo que merezca la distinción de ser nombrado, pues todos los que así se auto nombran no son mas que una bola de vagos, léperos, sinvergüenzas, ratas de dos patas que solo buscan o aspiran a ocupar mínimo una regiduraia para vivir sin trabajar y a los demás que se los lleve la chingada.
Muy mal como dije antes que las autoridades pretendan con acciones como estas demostrar que están haciendo algo por la gente en cuanto a seguridad, cuando no es así.
Si asi fuera ya hubieran desterrado a quienes están haciendo el negocio del milenio ya no del siglo con el cobro de 900 pesos por migrante que intenta pasar hacia estados unidos, como cuota para poder llegar a la linea divisoria y de no ser así, son secuestrados, golpeados, vejados, mutilados y en algunos casos asesinados por el grupo dueño de la plaza, que para ser dueños previamente llegaron a un acuerdo con representantes estatales, federales y municipales para que previa mochada o cuota mensual los dejen trabajar sin ser molestadas, de esto tiene conocimiento el gobernador del estado desde que era senador pues en rueda de prensa realizada en la oficina de enlace del entonces diputado local y hoy alcalde nuestro se le cuestiono al respecto y de que podía hacer, respondiendo que eso no cabía dentro de sus funciones pero que trataría el tema con quienes si podían, lo cual nunca sucedió y hoy como gobernador que si puede tomar el tema y actuar, no ha hecho nada por remediar esta situación, pues los cobra cuotas se pasean por todo el pueblo de Altar y sus brechas sin que sean detenidos  ni por la PEI ni por la municipal que son quienes están al tanto de sus movimientos al tener base los primeros en la población y los segundos pues son de ahí y los conocen, no es el caso de la Federal, pero es a quien en primer lugar le corresponde atender este problema al haber uso de armas de fuego y asociación para delinquir, entre otros delitos, pues esos grupos no solo cobran cuotas sino que también tienen el control para el tráfico de drogas, siendo el cobro de cuotas solo una parte de los millonarios ingresos que reciben cada mes por su ilícito negocio.
Por lo pronto estas gentes se pasean libremente por esta población, y también en el Sásabe, sin ser molestados, mientras que personas honestas con deseos de buscar en otro pais lo que el nuestro no les da, una oportunidad para mantener a sus familias y vivir decorosamente con un buen salario que cubra todas sus necesidades de educación, comida, vestido y salud primordialmente son tratadas como delincuentes negandoles todos los derechos que nuestra ley supuestamnente les brinda.