de Imanol Caneyada Pascual, el Martes, 17 de mayo de 2011 a las 11:43
Gisela Peraza, ex trabajadora doméstica del gobernador Padrés y presunta cómplice de Roberto Munro en el robo a la Casa de Gobierno, acusa a la PEI de torturarla y al jefe de escoltas del mandatario de privación ilegal de la libertad
Por Imanol Caneyada
El teléfono celular le avisó de que tenía un mensaje de texto. Gisela Peraza Villa lo leyó. Era de la primera dama. Le pedía que se presentara en la cocina. Ella se encontraba en la parte de atrás de la Casa de Gobierno, en su cuarto.
Hacía nueve años que trabajaba como empleada doméstica para la familia de Guillermo Padrés Elías. En febrero de este año los había acompañado en su viaje a Nueva York para hacerse cargo de los niños.
Gisela Peraza se trasladó a la cocina siguiendo las órdenes de la señora. Era un domingo por la mañana. Un 13 de marzo de 2011. El mensaje de texto decía que el Sr. Gobernador quería hablar con ella. Cuando entró en la cocina, se encontró con Agustín Rodríguez, secretario particular del mandatario.
El funcionario la acusó sin rodeos de haber robado una maleta de dinero propiedad del Gobernador.
--Tú eres la única que tiene acceso a la habitación de los señores y eres a la que más confianza le tienen –le dijo.
Gisela Peraza negó la acusación alegando que en casi nueve años nunca había sucedido algo semejante. Agustín Rodríguez insistió . La empleada siguió negando el hecho.
Entonces entró en la cocina de la casa de gobierno el comandante Ernesto Portillo, jefe de escoltas del Gobernador de Sonora. Después de intimidarla y amenazarla, le arrebató los dos teléfonos celulares y la llevó de vuelta a su cuarto.
Gisela Peraza Villa pidió hablar con Iveth Dagnino de Padrés para aclarar la situación. No le dieron la oportunidad. Mientras, el jede de escoltas registró la habitación palmo a palmo sin encontrar la maleta ni ningún indicio de su contenido.
La empujaron al interior del cuarto, cerraron la puerta y pusieron un guardia en la salida. Gisela Peraza se encontraba retenida contra su voluntad en la habitación que desde octubre de 2009 le había servido de hogar.
En todo este tiempo no le mostraron ni una orden de arraigo ni de aprehensión.
Llegó la noche. Gisela Peraza seguía encerrada e incomunicada. Por fin escuchó ruidos afuera. Era la primera dama. Venía a dialogar con su empleada. Le exigió que entregara los objetos robados porque si no la iban a enviar al Cereso de Nogales.
Gisela Peraza volvió a negar la acusación.
Pasó toda la noche encerrada en la habitación de servicio. En la mañana del lunes 14 de marzo se abrió una vez más la puerta. Esta vez se trataba de Fernando Sánchez Lara, administrador de la casa de gobierno. Ante sus ojos incrédulos, el hombre le puso la renuncia voluntaria y le sugirió que la firmara para evitar mayores problemas. Gisela Peraza sintió que el mundo se le venía encima. Sola, asustada, sin nadie que diera la cara por ella, firmó sin chistar.
La puerta volvió a cerrarse tras los pasos del administrador.
Mientras tanto, Delma, hermana de Gisela, no dejaba de marcar a los celulares de su hermana sin que hubiera respuesta. Normalmente, Delma y Gisela se comunicaban al menos una vez al día. Habían pasado 24 horas y no tenía noticias de ella.
En la tarde del lunes se abrió la puerta de la habitación de servicio de la casa de gobierno una vez más. Esta vez se trataba del inicio de un infierno.
Tortura
Personal de seguridad de la casa de gobierno esposó a Gisela Perza, la subió a un vehículo y la condujo a la comandancia de la Policía Estatal Investigadora (PEI) ubicada en la salida a Bahía Kino.
--Es mejor que confieses. Si nos dices dónde está el dinero te soltamos –le prometían durante el trayecto.
Gisela Peraza Villa siguió negando que ella hubiera robado nada.
La llevaron hasta un cuarto con un espejo colgado de una de las paredes. De inmediato, entró una mujer agente de la PEI y la trasladó a una habitación contigua.
Estaban solas las dos. La mujer policía comenzó a insultarla. Luego le propinó unos golpes.
--Dime dónde está el dinero –le exigía mientras le aseguraba que si no confesaba, su familia pagaría las consecuencias.
Gisela Peraza se mantuvo en su postura. Ella no sabía dónde estaba el dinero ni había robado nada.
La agente le advirtió que esto era apenas el principio. Acto seguido la encapuchó dos veces con una bolsa de plástico orillándola casi a la asfixia.
Ante la insistente negativa de la mujer, la policía dejó de torturarla. En todo este tiempo Gisela Peraza nunca vio una orden de aprehensión, de comparecencia o de arraigo ni le permitieron comunicarse con nadie.
Por unas horas vino la calma. Sólo por unas horas. Posteriormente, la escena se repetiría sucesivas veces hasta el jueves 17 de marzo. Los golpes, las amenazas, la bolsa de plástico en la cabeza hasta la noche de ese jueves que la llevaron a declarar ante un secretario de acuerdos, ahí mismo, en las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora.
El funcionario le informó que en su bolsa habían hallado 10 mil pesos. Gisela Peraza negó guardar ese dinero con ella. También le comunicó que había una declaración en la que un empleado de la casa de gobierno aseguraba haber visto a la mujer abandonar el lugar la madrugada del lunes 14 en actitud sospechosa y con un bulto en los brazos.
Gisela Peraza alegó que ese día, a esas horas, se encontraba encerrada en la habitación donde dormía.
Terminada la declaración, los mismos agentes de la PEI la trasladaron a casa de su hermana Delma.
Orden de cateo y arraigo
Ya libre, Gisela supo que su hermana Delma había acudido a la casa de gobierno varias veces durante eso días y no le habían dado razón de ella hasta el jueves 17 de marzo, cuando acudió a Palacio de Gobierno a intentar platicar con el gobernador de Sonora y jefe de su hermana; fue el administrador Fernando Sánchez Lara quien la atendió para comunicarle que Gisela Peraza se encontraba arraigada.
En esos días de angustia, agentes de la PEI acudieron a Santa Rosalía de Ures, de donde son originarias las hermanas Peraza, para hablar con su madre, atemorizarla e intimidarla.
El mismo 18 de marzo, Gisela Peraza acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una demanda por los hechos acaecidos.
Antes, pudo comunicarse con la primera dama para solicitarle sus pertenencias, que aún se encontraban en la casa de gobierno. Iveth Dagnino de Padrés le volvió a exigir que devolviera el dinero, que ella sabía que lo había extraído del hogar del Gobernador envuelto en papel periódico. Todavía entonces manejaban la cantidad de 450 mil pesos en efectivo y 130 mil pesos en joyas.
Posteriormente se comunicó con el administrador de la casa de gobierno, quien le informó que hasta el 22 de marzo le harían entrega de sus objetos personales, pues se hallaba ausente de la ciudad.
Las hermanas Peraza acudieron a varios abogados de la localidad. Ninguno quiso tomar el caso. Se presentaron en las oficinas del PRI estatal en busca de ayuda. No le hicieron caso.
El martes 5 de abril, alrededor de las nueve de la mañana, las hermanas Peraza salieron de su domicilio, al norte de la ciudad, cuando una patrulla de la PEI les cerró el paso, las obligó a abandonar el vehículo y regresar a la casa. Portaban una orden de arraigo y una orden de cateo. Desmantelaron el hogar de Delma mientras se llevaban detenida a Gisela.
Otra vez en el cuarto con el espejo de la comandancia de la Policía Estatal Investigadora, Gisela Peraza fue sometida a tortura:
Le vendaron el rostro. La desnudaron y la envolvieron en una cobija. La golpearon sucesivas veces. Le echaron agua al rostro.
La tortura duró varias horas.
Por fin la trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, en donde le tomaron declaración y firmó la orden de arraigo.
Gisela Peraza nunca aceptó los cargos que le imputaban.
Le informaron que sería trasladada a un hotel, donde cumpliría los 30 días de arraigo. Sin embargo, una vez más la llevaron a la comandancia. Ahí la volvieron a torturar y por primera vez en todo ese tiempo vio a Roberto Munro, jefe de seguridad de la casa de gobierno, acusado de ser cómplice de Gisela Peraza.
Ambos sostenían una relación amorosa cuando se suscitaron los hechos.
En la noche del 5 de abril llegó a la habitación del hotel donde aún permanece en custodia. Los pies amoratados, vomitaba, la cabeza le daba vueltas y todo el cuerpo le dolía.
El 15 de abril, Gisela Peraza fue trasladada a la PEI nuevamente donde la esperaba el secretario de acuerdos y el abogado defensor de Roberto Munro.
Ahí supo que el propio Munro había confesado haber robado tres millones seiscientos mil pesos, de los cuales, un millón se los había confiado a Gisela Peraza.
La mujer volvió a negar las acusaciones.
Nuevamente fue sujeto de maltratos. Esta vez por obra del comandante Ernesto Portillo, jefe de escoltas del Gobernador, quien la amenazó con arruinar a su familia si no confesaba.
El pasado jueves 05 de mayo, Gisela Peraza recibió la noticia de que habían ampliado la orden de arraigo por 30 días más.
El anterior relato de los hechos está basado en una declaración de puño y letra de la inculpada, una larga entrevista a la familia de Gisela Peraza y la queja que presentó el 18 de marzo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Se admiten, madrazos, chingadazos si son justos y merecedores. Quien este libre de pecado que tire el primero