Protege PGR a exfuncionarios y dueña de guardería ABC

, denuncian deudos

GLORIA LETICIA DÍAZ
24 DE NOVIEMBRE DE 2011 · 

La denuncia de los deudos.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- Padres de menores fallecidos y lesionados en el incendio registrado en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, acusaron a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, de “proteger” a la dueña de la estancia infantil, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, presunta pariente de Margarita Zavala.

En rueda de prensa, los integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio sostuvieron que la PGR también protege a Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, ex y actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como al exgobernador Eduardo Bours.

Pese a que en meses pasados la PGR se comprometió a perfeccionar la averiguación previa para fortalecer las acusaciones contra Gómez del Campo Tonella y Gildardo Urquídez Serrano, dueños de la guardería ABC, así como iniciar procedimientos penales contra funcionarios del IMSS y el exmandatario sonorense, en un encuentro reciente con Marisela Morales –denunciaron– ésta les advirtió que la dependencia no podía resolver el caso en su totalidad.

El compromiso se formalizó a finales de junio de este año, a dos años de la tragedia, ante la entonces subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, luego de que los padres de las víctimas del incendio advirtieron que no había avances en las investigaciones atraídas por la PGR.

Uno de los integrantes del Movimiento 5 de Junio, José Francisco García Quintana, recordó que, en diciembre de 2010, Marcia Matilde Gómez del Campo logró un amparo contra su detención, “pero correspondía a la PGR fortalecer la investigación para fundamentar la orden de aprehensión; contrariamente a ello, no se hizo nada, y ahora la inculpada está solicitando que se cierre la instrucción y que se sobresea el caso”.

García Quintana insistió en que la PGR de forma deliberada abandonó el caso “para dejarlo en la impunidad, y por supuesto para que la pariente de Margarita Zavala nunca pise la cárcel”.

El padre de familia señaló que el Poder Judicial de la Federación también se ha confabulado para proteger a la familiar de la esposa del presidente Felipe Calderón.

De los implicados en la tragedia, recordó el activista, “Marcia y Gildardo son los únicos que han obtenido amparos tan rápido; además, se les aplicaron fianzas de 2 mil pesos por la muerte de 24 niñas y 25 niños y más de 70 lesionados”.

Sin explicación, puntualizó, “los jueces reclasificaron los delitos, pues éstos pasaron de dolosos a culposos”. Así, de los 29 implicados en la tragedia sujetos a proceso, todos son funcionarios de menor nivel y sólo cinco están en prisión, ya que al final los delitos que se les imputaron, de lesiones y homicidio culposos, no son graves.

Contó que el martes 22 integrantes de la organización se presentaron a las oficinas de Morales Ibáñez para una cita concertada un mes atrás para conocer los avances de la dependencia en la indagatoria sobre el caso ABC.

Sin embargo, explicó García Quintana, durante casi dos horas subalternos de la titular de la PGR les informaron que la procuradora “estaba trabajando” y que no podía atenderlos.

“La investigación por la muerte de nuestros niños, ¿no es parte de su trabajo?”, cuestionó García Quintana a los subalternos de la funcionaria federal.

Después de advertir que sólo hablarían del tema con Marisela Morales, la procuradora salió de su oficina y tuvo un encuentro áspero con los familiares de las víctimas.

“Nos dijo que el caso era muy complejo, que la dependencia no tenía la capacidad institucional para atenderlo y, que en ningún caso, la PGR resolvía al ciento por ciento”, reveló el padre de familia.

García Quintana señaló que la procuradora tampoco dio respuesta satisfactoria al reclamo sobre la validación por parte de la PGR de dos peritajes totalmente opuestos sobre lo que ocurrió en la guardería ABC:

“En el primer peritaje que realiza la Procuraduría de Sonora se señala que el motivo fue un desperfecto en un enfriador de agua; con esa información, la PGR atrae el caso y de repente surge un peritaje que realizó un investigador estadunidense, David Mitchell, en el que se dice que el incendio fue provocado por una persona desconocida; ese peritaje fue financiado por una persona ajena a los padres de los niños de la guardería y fue ampliamente publicitado por el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont”, comentó el activista.

Ambos peritajes están incluidos en el expediente, pero el segundo, financiado por alguien identificado como Luciano Cima o Lucano Decima, según se enteraron los padres en la comparecencia de Mitchell en el juzgado de la causa, “va encaminado a exonerar a todos los funcionarios federales, estatales y municipales, así como a los dueños de la guardería, es decir, a la pariente de Margarita Zavala y Felipe Calderón”.

María Josefina Carretas, quien también acudió al encuentro con la procuradora, se quejó de la falta de respuesta de Morales ante la ausencia de investigaciones en al menos cinco denuncias levantadas por negligencia médica y presentadas por los padres de familia contra médicos del Hospital de Occidente, también del IMSS.

Los padres de familia precisaron que de los 29 procesados, sólo cinco están en prisión: el exdelegado Arturo Leyva Lizárraga, Irma Crescencia Díaz, Yadira Barrera, Delia Irene Botello y Noemí López Sánchez.

“Por la forma en que nos trató la procuradora Marisela Morales y por los nulos avances en la investigación, así como la protección a los altos funcionarios y a la pariente de Margarita Zavala, todo parece indicar que hay una instrucción de Estado de que todo quedé en la impunidad”, lamentó José Francisco García.