26/Septiembre/2011
La detención del profesor Jesús Davis Osuna es, por donde quiera que se le vea, una injusticia y una nueva señal, de las que cada vez con mayor frecuencia muestran el agotamiento de sistema judicial mexicano.
Davis Osuna fue aprehendido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, donde 49 menores de cuatro años encontraron la muerte más horrible. El profesor se desempeñaba como director de Inspección y Vigilancia en el ayuntamiento de Hermosillo, cuando ocurrieron los hechos.
El mismo día, fueron detenidos también Fausto Salazar Gómez, quien firmaba como director General de Recaudación, y Jorge Luis Melchor Islas, entonces subdirector de Control Vehicular, ambos de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado.
A cada uno se le fijó una fianza de 2.3 millones de pesos para obtener su libertad, pero el único que la pagó en efectivo el mismo día de su detención, fue el señor Salazar Gómez, distinguido integrante de la tristemente célebre ‘Sub 17’, aquel grupo comandado por Juan Carlos “El Chino” Lam, durante el sexenio de Eduardo Bours. Ahí sáquele cuentas.
Los delitos que se le imputan son los de homicidio y lesiones culposas. Por el incendio de la guardería ABC se encuentran presos también Arturo Leyva Lizárraga, quien se desempeñaba como delegado del IMSS, y Yadira Barrera, coordinadora zonal de guarderías, también del IMSS.
En el caso del profesor Davis Osuna, su defensa legal sostiene una serie de consideraciones que tendrían que tomarse en cuenta a la hora de definir su situación legal.
Entre otras, el hecho de que la Dirección de Inspección y Vigilancia municipal, no tiene facultades para conocer de la operación del servicio de guarderías, y sólo tiene competencia en lo que corresponde al comercio y publicidad en la vía pública y espectáculos.
La ley que rige al Instituto Mexicano del Seguro Social, establece con claridad las disposiciones para la operación del servicio de guarderías, a partir de la norma NOM-167 SSA1-1997 que entre sus objetivos incluye el de garantizar la integridad física de los menores, usuarios y del personal.
Los contratos los realiza el IMSS en la Cd. De México.
Los contratos los realiza el IMSS en la Cd. De México.
La guardería ABC inició operaciones en el año 2001, Jesús Davis tomo posesión del cargo el 18 de Enero del 2007.
El 5 de Junio del año 2009, fecha que ocurrió el incendio, normativamente a nivel municipal estaba vigente el ‘Reglamento para funcionamiento de los establecimientos mercantiles relacionados con actividades comerciales, industriales, o de servicios, del municipio de Hermosillo’, mismo que entro en vigor el 14 de Abril del 2008, facultando a la coordinación general de infraestructura, desarrollo urbano y ecología a expedir licencias de funcionamiento.
En el Art. 24 del mismo reglamento, establece claramente los giros a los que el ayuntamiento puede otorgar licencias de funcionamiento sin contemplar las instalaciones como las de la guardería.
Al ser subrogada la guardería por el IMSS aplica la citada norma NOM-167-SSA1-1997, que en sus Art.1 y 2 establece en forma expresa como autoridad competente a la Secretaría de Salud y concurrentemente entidades federativas, dependencias que nada tienen que ver con inspección y vigilancia municipal.
La norma que establece las disposiciones para las operaciones del servicio de guarderías, en su capítulo de seguridad remite a la Ley de protección civil de los estados, concretamente en Sonora remite a la Ley 161 de Protección Civil reformada el 3 de Octubre del 2005, la cual en su Art. 13 claramente expresa sus atribuciones.
La Guardería ABC, al ser una bodega, reunir más de 20 personas y estar además registrada como institución educativa según consta en resolución 950-017-CDI del 2 de Sept. Del 2002 y reconocimiento de validez oficial clave 26PD10079J, está totalmente fuera del ámbito de competencias de las atribuciones de la dirección de inspección y vigilancia, según la citada ley.
Por esas razones, la detención del profesor Jesús Davis Osuna es completamente ilegal; los verdaderos culpables deben buscarse en las oficinas centrales del IMSS, y entre aquellos que ocupaban cargos de dirección en el instituto cuando ocurrió la tragedia. Juan Molinar Horcasitas, por ejemplo, tendría mucho que aclarar al respecto, pero no se le toca ni con el pétalo de una orden de presentación, nada más por ser uno de los principales colaboradores del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
chaposoto67@hotmail.com
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Se admiten, madrazos, chingadazos si son justos y merecedores. Quien este libre de pecado que tire el primero