Al contar con esta opción de la impugnación, el director de Obras del Instituto de Infraestructura Educativa del Gobierno seguirá en el cargo ya que el proceso de ratificación de la sanción o su anulación podrá llevar varios meses; en tanto, el hoy funcionario estatal gozará del manto protector del gobernador con el erario público de los sonorenses...
Por Jesús Ortega / Dossier Politico
Dia de publicación: 2013-05-14
| Publicar en: |
  |
Hermosillo, Sonora (DP).- El gobernador Guillermo Padrés Elías instruyó al contralor Carlos Tapia Astiazarán para mantener en el Gobierno del Estado al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga, quien fue inhabilitado por la Contraloría Municipal por 10 años para ocupar algún cargo público, sin importar la “quemada” nacional ni sus antecedentes.
El contralor Carlos Tapia Astiazarán justificó que la inhabilitación por 10 años para ocupar algún puesto público y la multa por 3 millones pesos no está firme ya que el Lizárraga Hernández aún puede impugnar la sanción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Al contar con esta opción de la impugnación, el director de Obras del Instituto de Infraestructura Educativa del Gobierno seguirá en el cargo ya que el proceso de ratificación de la sanción o su anulación podrá llevar varios meses; en tanto, el hoy funcionario estatal gozará del manto protector del gobernador con el erario público de los sonorenses.
El viernes pasado, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la Contraloría Municipal inhabilitó 10 años al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga Hernández, por presuntos desvíos de recursos públicos en la pérdida de 205 toneladas de asfalto donadas por Pemex al Municipio.
La Contraloría notificó al Director de Obras de Infraestructura Educativa del Gobierno del Estado que además de no podrá ejercer un cargo público, pagará una multa de 3 millones de pesos y queda sujeto a una investigación del orden federal que también pesa sobre Jorge Humberto Vila Cueto, representante legal de la empresa OPSON, Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., quien firmó contrato el 25 de noviembre del 2010…
“Sin consentimiento de Petróleos Mexicanos, el entonces alcalde realizó convenio verbal con OPSON para que dispusiera del asfalto; violó así diverso clausulado del contrato, por lo cual ahora Pemex requiere el pago de un millón 538 mil 539 pesos con 19 centavos y, canceló todo tipo de apoyo social al Municipio de Guaymas”, lo anterior se desprende del Expediente CMQ 87/2012 hoy RO 04/13.
El 16 de noviembre del 2012, Dossier Político publicó que el gobernador Guillermo Padrés nombró al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga, un ex presidente municipal señalado por la actual administración por presuntas ilegalidades y desvío de millones de pesos del erario público, Director de Obras de Infraestructura Educativa.
El mandatario, en octubre, realizó otros 4 cambios en su Gabinete donde destacan los ex alcaldes Alejandro Zepeda Munro y José Ángel Hernández, quienes dejaron en “quiebra” a Puerto Peñasco y Nogales, respectivamente, según lo declarado hace 3 semanas por el tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda.
Desde septiembre del 2013, por supuestos desvíos de recursos, tráfico de influencias, actos de corrupción y malos manejos de recursos federales etiquetados a programas definidos, ex titulares del Ayuntamiento de Guaymas, en especial los ex alcaldes Mónica Marín Martínez y César Adrián Lizárraga Hernández, fueron llamados a comparecer ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Guaymas y la Comisión Especial Plural de Entrega-Recepción.
Ambos ex Presidentes Municipales han sido llamados a comparecer ante Contraloría y también para responder por irregularidades encontradas mediante el proceso Entrega-Recepción por parte de la Comisión Especial Plural, órgano ante el cual ya comparecieron tanto la ex alcaldesa, Mónica Marín, como el ex Tesorero, Carlos Dueñas Rivera.
A partir del pasado lunes 12 de noviembre la ex contralora Iveth Guerrero Padrés; el ex director de Desarrollo Social, Víctor Flores García; la ex oficial mayor, Alma Delia Silva Carrillo y la ex alcaldesa Mónica Marín Martínez, se han estado presentando ante la Contraloría Municipal para responder por los posibles fraudes que se investigan en el programa social de “Cemento barato”, en perjuicio de cientos de guaymenses.
Sin embargo, los ex funcionarios se habían guardado el derecho de reserva para responder los cuestionamientos verbales y todos, solicitan plazo de 5 días hábiles para responder por escrito.
Por millonarios desvíos federales del programa Subsemun en el tema de Seguridad Pública, el ex tesorero municipal, Carlos Dueñas Rivera; la ex administradora de la Dirección de Seguridad Pública, Claudia Matzumilla Concle, de nuevo la ex alcaldesa Mónica Marín Martínez, el ex contralor Carlos Cortés y el ex alcalde César Adrián Lizárraga Hernández, fueron requeridos para rendir su declaración
Contrario al resto de los que han sido llamados, Lizárraga Hernández decidió evadir toda responsabilidad ante los guaymenses, no acudiendo a los llamados de la Contraloría, violando así la ley de responsabilidades.
Los funcionarios estatales ocupan la Subsecretaría Técnica del Ejecutivo y la Dirección Administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el resto de la administración, movimientos anunciados en la víspera del Tercer Informe de Gobierno de Padrés Elías.
Además de estos cambios, el Gobernador Padrés también dio a conocer que Francisco Villanueva ocupa el cargo de subsecretario de Gobierno en sustitución de Luis Fernando Rodríguez quien a hoy ocupa la representación del Gobierno del Estado de Sonora en la Ciudad de México.
